El precedente de Port Aventura

Se ha consumado. PSOE y PAR, con el voto en contra de CHA e IU, han aprobado la Ley de Gran Scala. Y ello a pesar de que el informe del Letrado de las Cortes, ratificado por la Letrada Mayor, avisa de que algunas de sus previsiones puede ser contrarias a la Constitución. Da igual. Lo importante es que sus coleguillas puedan cuanto antes empezar a hacer negocios en Ontiñena.

Uno de los motivos de inconstitucionalidad de la Ley más claros consiste en la declaración genérica de utilidad pública o interés social, a efectos expropiatorios, de aquellos terrenos necesarios para construir Gran Scala cuyos propietarios se nieguen a vender a ILD. Esta previsión vulnera el derecho a la propiedad privada proclamado en el artículo 33 de la Constitución. Así lo argumentamos en la enmienda a la totalidad presentada por CHA y así lo afirma el Letrado que emitió el informe confirmado por la Letrada Mayor.

Hoy mismo el Heraldo destaca en su página 3 un supuesto antecedente en contrario: el caso de Port Aventura. Por supuesto, tanto el PSOE como el PAR se han apresurado a comprar este argumento y a repetirlo: no son inconstitucionales las previsiones de la Ley de Gran Scala sobre la expropiación porque así lo ha dicho ya el Tribunal Supremo con relación a Port Aventura. Pues no, no es así. Me explico.

La cuestión consiste en que el Tribunal Supremo, en 1997, declaró que el carácter privado de los promotores de Port Aventura no era un obstáculo para que existiera un interés social a efectos de la expropiación de terrenos. En ese caso, la expropiación se hizo al amparo de la Ley del Parlamento catalán sobre Centros Recreativos Turísticos de 1989.

Pues bien, hay que reiterar que el Tribunal Supremo no es nadie para decir si una Ley es o no constitucional. Por supuesto, no lo somos los partidos políticos ni los Letrados de las Cortes. Pero tampoco el Supremo. Eso sólo puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Y no ha dicho nada al respecto.

Además, la citada Ley catalana sobre Centros Recreativos Turísticos, en cuya virtud se expropió para Port Aventura, y la Ley aragonesa aprobada hoy, en cuya virtud se expropiará para Gran Scala, tienen poco que ver entre sí.

La Ley catalana diseña un marco legal para que se puedan construirse  parques temáticos de atracciones de carácter recreativo, cultural y de recreo y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros y residenciales. Ni una palabra de casinos. Port Aventura tiene poco que ver con Gran Scala.

La Ley catalana dice que el Gobierno de la Generalitat convocará un concurso público para presentar solicitudes para la instalación y construcción de Centros Recreativos Turísticos. Aquí no: no habrá concurso público, puesto que han aprobado la Ley para que pueda hacerse un proyecto concreto: Gran Scala. La diferencia es sustancial.

Y lo más importante: la Ley catalana no hace como la aragonesa, no declara con carácter previo e ilimitado la utilidad pública o interés social a efectos de expropiar tierras para cualquier proyecto. Lo que hace es prever que aquella empresa a la que se le adjudique, en concurso público, la instalación de un centro recreativo turístico podrá pedir la expropiación forzosa de terrenos. O sea, que el interés social para expropiar se decide caso por caso, no a priori por la Ley, como hace la Ley que han aprobado hoy PSOE y PAR.

Así que creo que esto no es ningún precedente para que no podamos convencer, primero al Defensor del Pueblo y, después, al Tribunal Constitucional, de que este engendro jurídico es contrario a la Constitución. En ello estamos.