Censura en las Cortes

Artículo publicado en Heraldo de Aragón

El Presidente de las Cortes, Francisco Pina, ha impedido a CHA ejercer su derecho a formular al Presidente Iglesias una pregunta para respuesta oral en el Pleno de mañana. Es una decisión sin precedentes. Un hecho gravísimo, porque está vetando a un grupo de la oposición su principal instrumento para cumplir su función esencial en una democracia: controlar la acción del gobierno. Iglesias está obligado a responder en persona sólo a estas preguntas una vez al mes; en los demás casos puede delegar -y siempre lo hace- en un miembro de su ejecutivo.

Pina ha justificado su arbitraria decisión en que la pregunta contiene juicios de valor. Ésta es la pregunta: ¿Qué les impide a Vds. rechazar “la utilización de los cargos públicos en beneficio propio y la disposición fraudulenta de los recursos públicos” y condenar “todas las prácticas de corrupción política, como los presuntos casos de La Muela o ASAEL”? ¿Dónde están los juicios de valor? En realidad, el único motivo que ha llevado a Pina a censurarla es proteger a Iglesias y a su Gobierno de coalición, que evitan una y otra vez hablar sobre corrupción. La sensación que trasladan a la ciudadanía con esta actitud es que tienen algo que ocultar. ¿Por qué Iglesias no da la cara? ¿Por qué accede Pina a utilizar las Cortes en la estrategia de silencio del Presidente Iglesias? Ya se lo preguntó la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, en el reciente debate sobre política general: ¿qué les ata? No obtuvo respuesta entonces y, por lo visto, no quiere ni volver a oír hablar de ello.

Iglesias se escuda en que hay que dejar a los jueces hacer su trabajo. Por supuesto. Lo que le exigimos desde CHA, haciéndonos eco del clamor popular, es que condene expresamente y sin reservas la corrupción política y que la combata decididamente con acciones políticas. Sin embargo, en el pleno de política general tanto PSOE como PAR se negaron a condenar la corrupción, votando en contra de una propuesta de resolución de CHA, precisamente la que se reproduce literalmente y entre comillas en la pregunta no admitida.

Es tan preocupante que los partidos que nos gobiernan no condenen la corrupción que, lógicamente, decidimos preguntar al Presidente Iglesias si hay algo que les impide hacerlo. No permitir a CHA que formule esta pregunta no sólo afecta a este partido, sino que, sobre todo,  perjudica a la ciudadanía aragonesa. Se está vulnerando su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, una de cuyas manifestaciones es, en palabras del Tribunal Constitucional, el derecho a “tener conocimiento de lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia”.

Y si el Gobierno de Aragón rechazara de verdad la corrupción, lo lógico sería que hiciera, además, todo lo que estuviera en su mano para terminar con ella. En el caso de La Muela tiene una posibilidad: solicitar al Gobierno central que, como hizo con Marbella, acuerde la disolución del Ayuntamiento. El silencio y la pasividad de Iglesias son inadmisibles. Y la censura en un parlamento democrático, también.