El PSOE, el PAR y el aborto

Artículo publicado en El Periódico de Aragón

El Proyecto de Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo no regula directamente la edad necesaria para prestar el consentimiento para abortar, sino que, en su disposición final segunda, modifica el artículo 9 de la Ley de la autonomía del paciente de 2002, que regula el consentimiento informado de los pacientes en el ámbito de la salud. Ese artículo establece que, en el caso de menores con 16 años cumplidos, el consentimiento será prestado por la propia persona menor y no por su representante legal (padre, madre o tutor). Y el mismo precepto añade una previsión fundamental, que está siendo sistemáticamente ignorada en el falso debate generado en torno a la intervención de los progenitores para el aborto de sus hijas: “en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”. Sentado este régimen general para prestar el consentimiento en el ámbito de la salud, la misma Ley exceptúa en la actualidad tres supuestos, en los que el consentimiento no es prestado por la persona menor (aunque tenga 16 años cumplidos) sino por sus representantes legales: interrupción voluntaria del embarazo, ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida.

Lo que hace el Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo es, sencillamente, modificar la Ley de autonomía del paciente, a fin de que la prestación del consentimiento para el aborto se ajuste en el futuro al régimen general que la misma establece. De este modo, las menores con 16 años cumplidos prestarán personalmente su consentimiento para el aborto, pero, dado que en todos los casos se tratará actuaciones de grave riesgo (si no físico, sí psicológico) los progenitores siempre deberán ser informados y su opinión tenida en cuenta. Esta es la realidad. Es radicalmente falso que las menores vayan a poder abortar sin que lo sepan sus padres, es más, su opinión contará para tomar la decisión final. Pero parece que nadie se ha molestado en leer lo que de verdad dicen la Ley del aborto y la Ley de autonomía del paciente. Y el propio PSOE alimenta con su silencio, por pura estrategia electoral, este falso debate, intentando compensar su política abiertamente neoliberal en materia económica, tributaria o laboral con una regulación del aborto propia de la izquierda. El Gobierno de Zapatero prefiere azuzar los ladridos de la derecha en lugar de explicar a la ciudadanía lo que en realidad propone.

¿Y qué hace el PAR en esta ceremonia de la confusión? Crear más desconcierto. Ha presentado en las Cortes de Aragón una proposición de Ley para que el aborto de la menor de edad aragonesa requiera su consentimiento y la asistencia de uno de sus representantes legales. Con arreglo al artículo 24 de la Ley aragonesa de Derecho de la Persona de 2006, “la prestación de la asistencia requiere conocer el acto que el menor se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses”. De este modo, el PAR plantea lo mismo que ya se recoge en el Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados: será la propia menor la que decida sobre el aborto y sus padres deberán conocerlo (ser informados) y considerarlo conforme a sus intereses (tener en cuenta su opinión).

La propuesta del PAR sí que contiene una novedad en cuanto a la edad. El proyecto de Ley estatal fija en 16 años la edad para que las menores decidan sobre el aborto. El PAR rebaja esta edad a los 14 años, puesto que, en aplicación de la citada Ley de Derecho de la Persona, esa es la edad a partir de la cual los menores aragoneses prestan su consentimiento con la debida asistencia de uno de sus progenitores o el tutor. ¿Se estará volviendo el PAR de izquierdas? ¿Qué pensará Luisa Fernanda Rudi de este giro radical de sus futuribles socios?