El precedente de Port Aventura

Se ha consumado. PSOE y PAR, con el voto en contra de CHA e IU, han aprobado la Ley de Gran Scala. Y ello a pesar de que el informe del Letrado de las Cortes, ratificado por la Letrada Mayor, avisa de que algunas de sus previsiones puede ser contrarias a la Constitución. Da igual. Lo importante es que sus coleguillas puedan cuanto antes empezar a hacer negocios en Ontiñena.

Uno de los motivos de inconstitucionalidad de la Ley más claros consiste en la declaración genérica de utilidad pública o interés social, a efectos expropiatorios, de aquellos terrenos necesarios para construir Gran Scala cuyos propietarios se nieguen a vender a ILD. Esta previsión vulnera el derecho a la propiedad privada proclamado en el artículo 33 de la Constitución. Así lo argumentamos en la enmienda a la totalidad presentada por CHA y así lo afirma el Letrado que emitió el informe confirmado por la Letrada Mayor.

Hoy mismo el Heraldo destaca en su página 3 un supuesto antecedente en contrario: el caso de Port Aventura. Por supuesto, tanto el PSOE como el PAR se han apresurado a comprar este argumento y a repetirlo: no son inconstitucionales las previsiones de la Ley de Gran Scala sobre la expropiación porque así lo ha dicho ya el Tribunal Supremo con relación a Port Aventura. Pues no, no es así. Me explico.

La cuestión consiste en que el Tribunal Supremo, en 1997, declaró que el carácter privado de los promotores de Port Aventura no era un obstáculo para que existiera un interés social a efectos de la expropiación de terrenos. En ese caso, la expropiación se hizo al amparo de la Ley del Parlamento catalán sobre Centros Recreativos Turísticos de 1989.

Pues bien, hay que reiterar que el Tribunal Supremo no es nadie para decir si una Ley es o no constitucional. Por supuesto, no lo somos los partidos políticos ni los Letrados de las Cortes. Pero tampoco el Supremo. Eso sólo puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Y no ha dicho nada al respecto.

Además, la citada Ley catalana sobre Centros Recreativos Turísticos, en cuya virtud se expropió para Port Aventura, y la Ley aragonesa aprobada hoy, en cuya virtud se expropiará para Gran Scala, tienen poco que ver entre sí.

La Ley catalana diseña un marco legal para que se puedan construirse  parques temáticos de atracciones de carácter recreativo, cultural y de recreo y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros y residenciales. Ni una palabra de casinos. Port Aventura tiene poco que ver con Gran Scala.

La Ley catalana dice que el Gobierno de la Generalitat convocará un concurso público para presentar solicitudes para la instalación y construcción de Centros Recreativos Turísticos. Aquí no: no habrá concurso público, puesto que han aprobado la Ley para que pueda hacerse un proyecto concreto: Gran Scala. La diferencia es sustancial.

Y lo más importante: la Ley catalana no hace como la aragonesa, no declara con carácter previo e ilimitado la utilidad pública o interés social a efectos de expropiar tierras para cualquier proyecto. Lo que hace es prever que aquella empresa a la que se le adjudique, en concurso público, la instalación de un centro recreativo turístico podrá pedir la expropiación forzosa de terrenos. O sea, que el interés social para expropiar se decide caso por caso, no a priori por la Ley, como hace la Ley que han aprobado hoy PSOE y PAR.

Así que creo que esto no es ningún precedente para que no podamos convencer, primero al Defensor del Pueblo y, después, al Tribunal Constitucional, de que este engendro jurídico es contrario a la Constitución. En ello estamos.

Pues sí: inconstitucional

Al PSOE-PAR les ha salido el tiro por la culata. Se pusieron muy nerviosos cuando se hizo público el informe del Letrado de las Cortes de Aragón que afirma que la Ley de Gran Scala puede ser inconstitucional. Así que, lo primero de todo, se dedicaron a descalificar al Letrado que redactó el informe (Biel llegó a decir que su informe tenía carácter político e intencionalidad), sin que el Presidente de las Cortes de Aragón, en un nuevo episodio de dócil sometimiento al ejecutivo, defendiera el honor e imparcialidad del Letrado.

Y, a continuación, solicitaron a la Letrada Mayor de las Cortes que hiciera un nuevo informe, con la esperanza de que diría que el Letrado se equivocaba, que la Ley de Gran Scala respeta la Constitución. Pero no ha sido así: este nuevo informe ratifica el anterior. Literalmente, afirma lo siguiente:

El informe de correcciones técnicas emitido por el letrado fue visto por esta Letrada Mayor y consideró que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica.

Para esta Letrada Mayor, las dudas jurídicas expresadas por el Letrado, se enmarcan dentro de la tarea de asesoramiento que tenemos encomendada, y han sido realizadas en el ejercicio de tal función, por lo que estimo que han sido realizadas cumpliendo los requisitos establecidos.

La situación es gravísima: el Gobierno de Aragón no está dispuesto a retirar una Ley que, según dos informes, puede ser inconstitucional, porque se ha comprometido con sus amigos a aprobársela antes del verano, y, mañana, los diputados del PSOE y PAR confirmarán que no están al servicio de los intereses generales de Aragón, sino a lo que les mandan desde ILD. Penoso.

Inconstitucionalidad a Gran Scala

La Ley de Gran Scala que aprobarán el próximo jueves PSOE, PAR y PP es inconstitucional. Ya lo dijimos desde CHA en la enmienda a la totalidad que presentamos contra el proyecto. Y así lo explicó Chesús Yuste la semana pasada ante el Pleno de las Cortes de Aragón. Ahora, el informe elaborado por los servicios jurídicos del parlamento nos ha venido a dar la razón.

En cuanto a la regulación del juego que la Ley plantea para Gran Scala, el informe incide en dos cuestiones que hemos defendido desde CHA. En primer lugar, el informe destaca las serias dudas jurídicas que plantea el establecimiento en este ámbito competencial [juegos de azar] de un régimen jurídico singular para una determinada zona del territorio de Aragón, distinto del establecido con carácter general en la Ley específica sobre la materia. Y es que, como dijimos en nuestra enmienda a la totalidad, este régimen jurídico privilegiado vulnera el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.

En segundo lugar, el informe se refiere a una cuestión que contraviene el principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 9 de la Constitución: que las normas que apruebe en el futuro el Gobierno de Aragón para Gran Scala se atendrán a las reglas y principios de los juegos en ámbitos internacionales de configuración similar a los Centros de Ocio de Alta Capacidad. O sea, que regirán en Aragón las reglas y principios de Las Vegas o Macao.

El informe afirma que esta referencia plantea importantes dudas jurídicas, pudiendo incurrir incluso en inseguridad jurídica y lo explica, muy claramente, de la siguiente manera:

ni en el articulado del Proyecto de Ley, ni en su Exposición de Motivos, ni en la memoria justificativa del citado Proyecto legislativo, se concreta cuáles son esas reglas y principios, ni dónde están recogidas dichas normas, ni quién las ha aprobado (y, por tanto, puede modificarlas). Se sugiere, por tanto, en aras del respecto al principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución de 1978, bien concretar de qué normas se trata, bien suprimir el apartado 2 del artículo 19 del Proyecto de Ley.

En nuestra enmienda a la totalidad también defendimos que la Ley de Gran Scala vulnera el artículo 33 de la Constitución. Este precepto, tras reconocer el derecho a la propiedad privada, declara que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. El Proyecto de Ley declara de forma genérica, previa e ilimitada la utilidad pública o interés social, a efectos expropiatorios, de los terrenos no adquiridos para la construcción del centro de ocio o para la ejecución de las infraestructuras anejas. Es decir, una vez que ILD haya comprado el 80% del suelo necesario, tiene garantizado que el Gobierno de Aragón expropiará el resto del suelo que precise y el necesario para las infraestructuras.

El informe de los servicios jurídico de las Cortes de Aragón dice literalmente lo siguiente al respecto:

Ciertamente, cabe plantearse si la construcción y explotación por una empresa privada de un proyecto de Centro de Ocio de Alta Capacidad, con las características previstas en el Proyecto de Ley, reúne los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para ser considerado de “utilidad pública o interés social”; única causa ésta que el artículo 33.3 de la Constitución de 1978 contempla como habilitante para privar de sus bienes y derechos al titular de una propiedad privada. Podría, por tanto, cuestionarse la constitucionalidad de esta previsión legal, sugiriéndose por ello su supresión.

En la enmienda a la totalidad también denunciamos que la Ley de Gran Scala vulnera el principio de de autonomía local proclamado en el artículo 137 de la Constitución. Porque el Gobierno de Aragón aprobará por sí solo, incluso en contra de la opinión de los entes locales afectados, la ejecución del centro de ocio de alta capacidad. Porque también será el Gobierno el que apruebe el Proyecto de Ordenación, que regirá la urbanización y construcción del centro de ocio, y que clasificará y calificará el suelo (o sea, dirá lo que es urbanizable o no urbanizable, por ejemplo), llegando a modificar directamente los planes urbanísticos de los municipios. ¿Dónde queda la autonomía local?

Y es especialmente preocupante la figura del Consorcio, un ente integrado por las administraciones autonómica, comarcal y municipal que asume la totalidad de las competencias municipales y comarcales; así, no serán los Ayuntamientos los que ejerzan sus competencias propias sobre urbanismo, autorización y control de actividades o gestión de servicios urbanísticos, sino que lo hará el Consorcio, controlado por el Gobierno de Aragón.

En la línea de nuestra enmienda a la totalidad, el informe jurídico destaca las dudas que esta regulación presenta en relación con el respeto de la autonomía local.

Según el informe de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, hay más preceptos de la Ley de Gran Scala que son inconstitucionales. Por ejemplo, la Ley establece que el Gobierno de Aragón podrá especificar por Decreto las conductas constitutivas de infracciones leves. Y esto vulnera los principios de legalidad y tipicidad proclamados en el artículo 25 de la Constitución, esto es, que las infracciones y sanciones deben establecerse en normas con rango de Ley, no en disposiciones aprobadas por la Administración.

Así lo recuerda el informe de los servicios jurídicos, que plantea la duda de su constitucionalidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 CE interpretado de acuerdo con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y afirma que la Ley incumple los citados principios de legalidad y tipicidad.

El informe jurídico también pone de manifiesto que la definición de Gran Scala como “complejo turístico” colisiona contra la regulación contenida en la Ley del Turismo de Aragón o que se ignora por completo la existencia del Consejo de Urbanismo de Aragón, creado la semana pasada en la Ley de Urbanismo que aprobaron PSOE y PAR.

¿Y ahora qué? Al PSOE-PAR le ha entrado el vértigo. Porque quedan al descubierto sus vergüenzas. Así que han imitado en las Cortes a su jefe Marcelino: van a encargar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre el informe de los servicios jurídicos de la Cámara. Supongo que confían en que funcione la presión y que los servicios jurídicos “suavicen” su visión sobre la constitucionalidad de la Ley de Gran Scala. Así podrán aprobar la Ley de sus amigos sin demasiada presión de la prensa, que es lo único que les preocupa.

¿Y cuando se apruebe la Ley? Sólo quedará una vía: presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, una vez que se publique en el BOA. Pero sólo pueden hacerlo Zapatero, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo. Así que sólo nos queda una solución: convencer a Enrique Múgica.

Barra libre para Gran Scala

Se acaban de debatir y votar en las Cortes de Aragón las dos enmiendas a la totalidad presentadas por CHA e IU al proyecto de ley de Gran Scala. No ha habido sorpresas: el Pleno ha rechazado ambas enmiendas, con el voto a favor de CHA e IU, el voto en contra de PSOE y PAR y la abstención del PP (que ha dejado muy claro que están dispuestos a hacer un esfuerzo para alcanzar el consenso, con el gobierno, claro). La puerta para Gran Scala queda abierta de PAR en PAR.

Los argumentos del PAR y del PSOE han sido dignos de Muchachada Nui.  Javier Callao (PAR) ha empezado su intervención diciendo que no estamos hablando de Gran Scala, tiempo habrá. Y se ha quedado tan fresco. Es como cuando los críos se tapan la cara y se creen que no los vemos. Qué nivelón. Con ese inicio os podéis imaginar el resto de su discurso.

Por su parte, José Ramón Ibáñez (PSOE), natural de Calanda, ha hecho honor a su paisano Buñuel. Nos ha dedicado una intervención al más puro estilo surrealista: se ha negado a debatir con CHA porque nos oponemos a la ley de Gran Scala con argumentos jurídicos. Esta gente de CHA… ¿pero cómo se les ocurre hablar de leyes cuando estamos hablando de leyes? Claro, ha empezado reconociendo que, aunque trabaja en un sitio donde se hacen leyes, él no entiende de esas cosas.

Total, que dentro de dos semanas el PSOE y el PAR (y supongo que el PP) aprobarán una Ley a la medida que permitirá consumar la barbaridad de Gran Scala. Sólo nos quedará una esperanza para parar esta locura: el Parlamento Europeo. Y, afortunadamente, allí estaremos.

La Ley de Gran Scala (I)

Ya ha llegado a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley que Marcelino Iglesias –el presidente de todos y, sobre todo, de algunos- ha redactado para sus amiguicos de ILD. No me ha defraudado: es tan grave e impresentable como me esperaba. Da para mucho. Así que lo iremos comentando poco a poco.

Hoy me centro en un aspecto concreto: el Proyecto de Ley no establece mecanismos de información y participación ciudadana. O sea, para que los colegas de ILD se forren con sus casinos, el Gobierno de Aragón deberá consultar a los ayuntamientos y comarcas afectadas, al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (pobre Mariví, se lo va a perder), al INAGA (Boné no se lo pierde)… Pero, ¿y los ciudadanos? Los ciudadanos sólo podremos intervenir en un aspecto muy concreto: pronunciarnos sobre el documento de referencia para redactar el informe de sostenibilidad ambiental (artículo 15.3 de la Ley de Protección Ambiental de Aragón). Nada más. Durante el resto del procedimiento los ciudadanos no podremos decir ni mu.

Y esto es muy grave. No sólo dice mucho (y malo) sobre este Gobierno, sino que, además, vulnera, al menos, dos Directivas europeas: la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la Directiva de evaluación ambiental estratégica. No lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo por boca de Margrete Auken.

Entre otras muchas cuestiones aplicables a Gran Scala, el Parlamento Europeo en el informe Auken “recuerda que la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la Directiva de evaluación ambiental estratégica imponen la obligación de consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes, y no -como tan a menudo ocurre en los casos en que se llama la atención de la Comisión de Peticiones- una vez la autoridad local ha acordado los planes de facto”.

Como dice también el informe Auken, el Parlamento “considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible”.

Pero a Marcelino todo esto le da igual. Sigue con su fórmula de siempre: desarrollo insostenible y opaco basado en el ladrillazo, sin información y sin participación ciudadana. Suma y sigue.

Gran Scala se desinfla

A estas alturas del cuento, parece ser que los únicos que siguen creyéndose a pies juntillas lo de Gran Scala son algunos vecinos de Ontiñena, su alcalde y el presidente de la Comarca del Baix Cinca. Y, por supuesto, los directivos de ILD.

Cuando se presentó esta locura en el Pignatelli, en diciembre de 2007, estuvo presente lo más granado del Gobierno de Aragón, con Iglesias y Biel a la cabeza, el Justicia, el delegado del Gobierno, el alcalde de Zaragoza, representantes de las Cortes de Aragón, de la Cámara de Comercio, CEPYME, CREA, UGT, CCOO, Ibercaja, CAI, Cajalón, Opel, Acciona, Ferrovial, Galerías Primero, Imaginarium, Prisa, el Colegio de Arquitectos, el de Ingenieros, la Universidad de Zaragoza… y así un largo etcétera hasta 700 invitados del mundo político, económico, social y cultural.

Ayer, en la presentación del proyecto en el local social de Ontiñena, sólo asistieron algunos vecinos del pueblo, su alcalde y algún que otro representante político.

En la presentación de diciembre de 2007 Iglesias dijo de Gran Scala que es un paso definitivo, sin retorno y que pretendemos que sea el relevo de la Expo. Ayer, que se sepa, no dijo nada.

Es muy significativo el tratamiento en los medios: cuando se presentó Gran Scala hace catorce meses, el Heraldo de Aragón le dedicó la portada y las páginas 2 a 6; ahora, sólo un pequeño recuadro en la portada y una sola página interior, la 16, y, además, dentro de la sección de Huesca.

Gran Scala se desinfla. Pero el Gobierno de Aragón se obstina en mantener en vigor el protocolo de colaboración firmado el 12 de diciembre de 2007, a pesar de que desde CHA le hemos insistido en que lo deje sin efecto. Aunque ahora sea ahora muy incómodo y molesto para Iglesias, cada día que pasa con el protocolo en vigor es otro día que su Gobierno apoya públicamente Gran Scala y se compromete con sus promotores. Y, claro, los de ILD lo saben y lo utilizan, exigiendo públicamente al Presidente que cumpla con sus obligaciones.

Iglesias se comprometió (y sigue comprometido) a impulsar la ejecución de las infraestructuras necesarias para el acceso al recinto, acordes con la dimensión del mismo. Y los de ILD le exigen una estación del AVE a menos de 2 kilómetros de Ontiñena y una salida de la autopista AP-2 en Peñalba que, además, se llame Gran Scala. ¿Qué piensa de todo esto el Gobierno central, que es quien tiene que poner el dinero?

Iglesias se comprometió (y sigue comprometido) a facilitar la gestión de suministros energéticos, eléctricos, agua, gas, comunicaciones, etc. Y los de ILD le exigen suministros de energía y de agua hasta la entrada del complejo. Lo de dentro parece ser que están dispuestos a pagarlo ellos. Qué buenas personas son.

Iglesias se comprometió (y sigue comprometido) a adecuar la normativa administrativa que sea de aplicación a los requerimientos específicos del proyecto. Y los de ILD exigen una Ley a la medida de esta desmesura, aunque no son dueños ni de un metro. Y hacen bien: Biel -por lo visto a espaldas de su Presidente- ya se la está preparando.

Biel 2 – Iglesias 1

Ayer volvió a decir Biel que el Gobierno podría tener listo el proyecto de Ley de centros de ocio de alta capacidad a mitad del próximo mes de marzo, con la intención de que sea aprobado por las Cortes de Aragón antes del verano. Esto empieza a parecerse de forma preocupante a un partido malo de tenis: el día 10 dijo Biel que existía el borrador y se estaba trabajando en él; el día 20 dijo Iglesias que no había nada de nada; y hoy vuelve Biel a las andadas. Van dos a uno. Ahora le toca jugar a Iglesias. Qué falta de seriedad.

Más chistes: el portavoz del Gobierno dejó claro que no es una ley para Gran Scala, sino para regular una materia concreta. No, no es para Gran Scala, sino para los cientos y cientos de proyectos de juego y ocio que hay previstos en Aragón y que van a ocupar 1.000 hectáreas y crear miles de plazas hoteleras. Cada día está más claro que se cree que somos tontos.

Pero lo más divertido de todo fue cuando dijo que no habrá representación del Gobierno de Aragón en el acto de presentación de Gran Scala en Ontiñena esta tarde porque no es oportuno. ¿Y lo era en diciembre de 2007, cuando el Gobierno de Aragón presentó la cosa en su propia casa porque iba a ser el relevo de la Expo? Mañana Gran Scala será ya un proyecto. ¿Qué nos va a decir Iglesias a partir de ahora?  Tengo muchísima curiosidad.

¿Quién miente más en Gran Scala?

Hace diez días anunció Biel que el Gobierno de Aragón aprobará, a finales de este mes de febrero o a principios de marzo, el Proyecto de Ley de Centros de Ocios de Alta Capacidad (= traje a medida para que puedan vestirse a su gusto los de Gran Scala), y que esperaba que las Cortes de Aragón lo tramitaran en uno o dos meses, para que pueda entrar en vigor mucho antes del verano.

Recuerdo que Biel no sólo es el Vicepresidente del Gobierno de Aragón; es, además, su portavoz. Y estas declaraciones las hizo en la rueda de prensa que, como portavoz, dio después del Consejo de Gobierno. Aquí tienes el enlace a la web oficial del Gobierno.

Biel llegó a decir que ya existe un borrador de la Ley con más de 40 artículos redactados, que explican detalladamente qué es un centro de ocio de alta capacidad, qué requisitos debe cumplir y cómo debe tramitarse. Pero que ILD no conoce todavía el contenido de ese borrador.

A raíz de estas declaraciones, la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha preguntado hoy en las Cortes a Marcelino Iglesias su opinión sobre el hecho de que la adquisición por un empresa privada de simples derechos de compra sobre mil hectáreas, y abonando apenas el 4% de su valor, motive que el Gobierno elabore un Proyecto de Ley a la carta para adecuar el ordenamiento jurídico aragonés a Gran Scala (y no al revés, añado yo, como suele hacerse en los países civilizados), tramitándolo con una celeridad inusitada.

Iglesias ha desmentido, sin despeinarse, a su portavoz y socio del alma. Diez días después, nos ha dicho que no existe ningún borrador, que su Gobierno todavía no se ha puesto a trabajar al servicio de ILD. Es más, ha vuelto ha decir que Gran Scala no es todavía ni un proyecto.

Biel no estaba presente en el hemiciclo cuando su presidente le ha negado tres veces (o más). Pero supongo que se habrá quedado tan fresco al oírlo desde los pasillos de las Cortes. Al fin y al cabo, creo que ya nadie se cree nada sobre Gran Scala. Sólo queda una duda: ¿quién miente más en todo esto? ¿Iglesias o Biel?

Leyes a scala

Los de ILD ya han pagado la señal a algunos propietarios de Ontiñena. Han soltado cheques a razón de 320 euros por hectárea (el 4% de 8.000 euros). Si nos creemos que han firmado opciones de compra sobre 1.000 hectáreas, la cuenta es fácil: han desembolsado 320.000 euros. O sea, el 0,0018% de los 17.000 millones de euros de inversión privada que, según ellos, requiere el proyecto.

ILD ya ha cumplido su parte del trato: ha decidido la ubicación de la macro-mega-cosa y ha soltado unas perrillas. Ahora le toca a Iglesias. Y está encantado. Le parece suficiente con este 0,0018% para que su Gobierno anuncie que está impaciente por dar el siguiente paso: en pocas semanas redactará y enviará a las Cortes de Aragón un proyecto de ley al gusto del consumidor (mejor dicho, del promotor).

Es normal. Las sociedades se basan en la confianza mutua. A Iglesias ya le pareció suficiente con exactamente 0,00 euros para que los consejeros Larraz y Aliaga, en el protocolo de colaboración firmado con ILD hace catorce meses, comprometieran al Gobierno de Aragón a:

• Impulsar la ejecución de las infraestructuras necesarias para el acceso al recinto, acordes con la dimensión del mismo.
• Facilitar la gestión de suministros energéticos, eléctricos, agua, gas, comunicaciones, etc.
• Proveer los servicios de naturaleza pública acordes con las necesidades que generará este complejo.
• Adecuar la normativa administrativa que sea de aplicación a los requerimientos específicos del proyecto.

La fiesta acaba de empezar. Las infraestructuras, los suministros, los servicios y la normativa van de nuestra cuenta. ILD sólo pone lo de siempre, lo único que tiene: el apoyo incondicional del Gobierno de Aragón. ¿Llegará ese apoyo hasta la expropiación forzosa? Hagan juego, señores.