Cuevas, lenguas y financiación

Hoy vuelvo a hablar de Chaves. No de la cueva, ese grave caso -uno más- de imperdonable desidia del Gobierno de Iglesias en la protección de nuestro patrimonio. Sino de Manuel, Vicepresidente tercero del Gobierno español y Ministro de Política Territorial.

El Chaves humano sigue con sus viajes. Hoy por la mañana se ha reunido con el Presidente de Asturias, Vicente Álvarez. Como viene siendo habitual (salvo en Aragón), el presidente asturiano ha cumplido con sus obligaciones: ha exigido a Chaves mayor esfuerzo financiero por parte del Estado, que se aclare la financiación de la Ley de Dependencia, que Asturias se incorpore a un Fondo de Cooperación para equilibrar el coste de servicios…

Y, como han hecho ya antes otros presidentes autonómicos, el de Asturias ha aprovechado la reunión para reclamar el traspaso de competencias e inversiones en infraestructuras. Y con éxito: Chaves se ha comprometido a que el traspaso de las cuencas hidráulicas será efectivo el 1 de enero de 2010 y a agilizar los trámites para transferir el Parque Natural de Picos de Europa. El presidente asturiano también ha reclamado la llegada del AVE a Asturias y la financiación por el Estado del puerto de El Musel, en Gijón. Igualico que Iglesias.

Por cierto, aquí tienes el enlace a la web oficial del  Gobierno de Asturias. Si la abres, comprobarás algo muy extraño, incomprensible a los ojos de un aragonés: está escrita en bable. ¿El Gobierno asturiano usa el bable? Pues sí. ¿Pero es que es oficial allí? Pues no: el Estatuto asturiano dice cosas parecidas al aragonés (con la diferencia de que allí se llama al bable por su nombre y aquí no: lo impidieron PSOE, PP, PAR e IU). Habla de que el bable gozará de protección; que se promoverá su uso, difusión y enseñanza; que se respetarán las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje… Nada de cooficialidad.

Pero también dice que una Ley regulará la protección, uso y promoción del bable. Y allí, a diferencia de lo que ocurre aquí, sí que se cumple el Estatuto. Los asturianos tienen, desde 1998, su Ley de Lenguas (sí, en plural: el gallego de Asturias tiene, en su ámbito territorial, el mismo tratamiento que el bable). Y, desde 1980, una Academia de la Llingua Asturiana, creada ya por el gobierno preautonómico.

Aragón es la única Comunidad Autónoma que no protege y promueve sus lenguas propias mediante una Ley y, sobre todo, mediante la acción decidida de su Gobierno. Así lo explicaron la semana pasada compañeros de CHA y de colectivos que trabajan por el aragonés y el catalán a Johan Häggman, responsable europeo de las lenguas minoritarias. Y alucinó.

El exequátur, por fin

Hace unos días afirmaba en un artículo publicado en Heraldo de Aragón que la solución para recuperar los bienes de las parroquias aragonesas pasaba por pedir el exequátur, o sea, por solicitar a un Juez civil el reconocimiento y ejecución de las sentencias canónicas que han declarado que esos bienes están en Lleida a título de depósito y no de propiedad, por lo que deben devolverse. Parece ser que, por fin, el Obispo y la DGA están dispuestos a hacerlo. Es una buena noticia. Ya se van centrando.

Esta decisión deja en una situación muy delicada a Marcelino Iglesias. Porque pone de manifiesto que, durante años, ha mentido descaradamente a los aragoneses, diciendo que se trataba de un conflicto exclusivamente eclesiástico y no civil. Y que, por tanto, no podía hacer nada. Ahora no le queda más remedio que reconocer la evidencia: que -como hemos defendido siempre desde CHA- la solución consiste en acudir a los tribunales civiles. Más vale tarde que nunca. Y también deja a las claras que aquella amenaza de querellas a bombo y platillo (hasta interrumpieron el informativo de Aragón Televisión para que saliera el jefe) no tenía ni pies ni cabeza. Vamos, que ha hecho el ridículo.

Pero hay algo que no entiendo: ¿por qué van a solicitar el exequátur por separado y a la vez el Gobierno de Aragón y el Obispado? Creo que lo razonable sería que lo pidiera sólo el Obispado, que es a favor de quien están dictadas las sentencias que se pretende ejecutar.

No puedo evitar que me recuerde a una escena de la película Algunos hombres buenos, aquélla de juicios en la que salían Demi Moore y Tom Cruise. ¿Recuerdas?:

- Protesto.
- No se admite.
- Protesto enérgicamente.
- Ah, bueno, si es enérgicamente entonces se reconsiderará.

Por lo visto, el Juez se lo va a pensar si demanda sólo uno, pero si demandan los dos (aunque la demanda sea idéntica) seguro que les da la razón. No tiene ningún sentido. Pero claro, el Gobierno, después de años de no hacer nada, tiene que ponerse la medalla. Es, sencillamente, impresentable.

El exequátur es la solución

Artículo publicado en Heraldo de Aragón

Tras diez largos años diciendo que era un conflicto eclesiástico y que el Gobierno de Aragón no podía hacer nada, Marcelino Iglesias anunció el 12 de febrero el ejercicio inminente de acciones penales. Un mes después, el Gobierno no se ha querellado contra nadie, ha suavizado su postura y parece optar ahora por la ejecución de las sentencias canónicas y la presentación de recursos contencioso-administrativos. Ha costado, pero parece que el Gobierno, por fin, se va centrando y comparte lo que decíamos hace tiempo desde CHA.

¿Qué tenía que haber hecho el Gobierno de Aragón hasta ahora? Mucho. Hace diez años tenía que haber presentado un recurso ante los tribunales cuando el Obispo de Lérida adscribió al nuevo Museo Diocesano y Comarcal, creado junto con instituciones públicas catalanas, unos bienes aragoneses que la Iglesia ya había declarado que tenía en depósito y no como propietario, y que tenía la obligación de devolver. Debía haber recurrido la catalogación por la Generalitat como colección de los 1810 objetos del Museo de Lérida, incluidos los de las parroquias aragonesas; esa catalogación implicaba que la colección no podía ser disgregada por su titular o poseedor sin la autorización del Departamento de Cultura catalán. Tampoco lo hizo. Y se ha negado a proteger los bienes en Aragón mediante su catalogación. Tampoco recurrió en 2005 la resolución de la Consejera Mieras por la que autorizaba al Obispo de Lérida a disponer de los bienes aragoneses, pero en condiciones inaceptables que garantizaban la unidad e integridad del Museo leridano; el Obispado y la Diputación de Lérida sí recurrieron, y el Tribunal Superior de Justicia catalán declaró en 2008 que la resolución era conforme a Derecho.

En suma, ¿qué ha hecho hasta ahora Marcelino Iglesias? Nada. Pero, ¿qué puede hacer en el futuro? Creo que sólo hay una vía: la ejecución civil de las sentencias canónicas. Las sentencias de países extranjeros (y el Estado Vaticano lo es) tienen en España la fuerza establecida por los tratados internacionales. Pero el Acuerdo sobre asuntos jurídicos firmado por con la Santa Sede en 1979 sólo reconoce eficacia a las sentencias eclesiásticas de nulidad del matrimonio ajustadas al Derecho estatal, no a las referidas a cualquier otra cuestión. El artículo 24 del Concordato de 1953 sí que reconocía efectos en el orden civil a todas las sentencias eclesiásticas sobre cualquier materia. Pero este artículo fue expresamente derogado por el Acuerdo de 1979, que no establece ninguna previsión similar. Así pues, no hay ningún tratado en vigor que reconozca fuerza a las sentencias canónicas diferentes de las de nulidad matrimonial.

Pero ello no significa que no puedan llegar a tenerla. La solución pasa por tramitar el exéquatur, es decir, solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia de Lérida el reconocimiento y ejecución de esas sentencias. Posiblemente sólo esté legitimado para ello el Obispado de Barbastro-Monzón, que es quien ha obtenido el pronunciamiento a su favor, o, dicho de otro modo, quien aparece como acreedor en la sentencia que se ejecuta. Sin embargo, nada obstaría a que fuera el Gobierno de Aragón quien lo hiciera, actuando como representante del Obispado si éste le otorgara poderes.

Lo de Iglesias sí que tiene delito

Iglesias ha decidido iniciar acciones penales contra aquellas personas e instituciones que forman parte del Consorcio del Museo Diocesano de Lleida por obstrucción a la justicia, prevaricación y apropiación indebida. Ahí queda eso, casi nada. Marcelino se ha desmelenado. Y en Lleida están temblando.

Esta vez no voy a hacer ninguna valoración política. Alguien que durante años justifica su pasividad bajo el pretexto de que se trata de un conflicto eclesiástico; que se niega a proteger nuestros bienes mediante su catalogación en el inventario del patrimonio cultural aragonés; que no recurre ni una sola resolución de la Generalitat; que se limita a hacer periódicamente declaraciones vacías, a dar largas y a ganar tiempo al tiempo… y que ahora salga con éstas… Alguien así se califica políticamente por sí solo.

Me voy a limitar a exponer algunas consideraciones jurídicas sobre este sobrecogedor anuncio de querellas. Consideraciones, por supuesto, sometidas a cualquier otra mejor fundada en Derecho.

De entrada, es sencillamente descabellado decir que se van a iniciar acciones penales contra instituciones. Únicamente pueden cometer delitos las personas físicas, jamás las jurídicas. ¿Habéis visto en la cárcel alguna vez a una sociedad, a una fundación, a un ayuntamiento…? Yo, por ahora, no. Esto es de primero de Derecho. No vale la pena insistir.

¿Ha podido cometer alguno de los delitos denunciados por Iglesias algún responsable del Ayuntamiento, Diputación u Obispado de Lleida, de la Generalitat, del Consell Comarcal del Segrià o del Consorcio del Museu? Eso es otra cosa. Vamos por partes.