Mientras Franco agonizaba, su sucesor, el Príncipe Juan Carlos de Borbón, firmaba el 19 de noviembre de 1975 la Ley sobre descolonización del Sahara. Al día siguiente, el mismo día que, por fin, moría el dictador, el BOE la publicaba. La Ley calificaba al Sahara como territorio no autónomo (aunque, jurídicamente, había sido una provincia española). Treinta y cuatro años después, el Sahara sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Treinta y cuatro años después de que España abandonara a los saharauis a su suerte, la legalidad internacional sigue sin restablecerse, el referéndum para que los saharauis decidan libremente su futuro sigue sin celebrarse y el invasor marroquí sigue oprimiendo, torturando y encarcelando a personas inocentes. En estos años sólo ha cambiado una cosa: la actuación del gobierno español es cada vez más infame, más culpable y más sumisa con el dictador marroquí.

Gracias a los amigos de Um Draiga, he tenido la ocasión de viajar a los territorios saharauis ocupados, junto con Álvaro Sanz, de IU, y Quique Gómez y Rafa Antorrena, de Um Draiga. Han sido dos días muy intensos en El Aaiun. Sólo dos días sufriendo el acoso policial, la falta de libertades, la vulneración de mis derechos. Sólo dos días sufriendo una ínfima parte de lo que nuestros hermanos saharauis sufren a diario. Pero os aseguro que en dos días es posible entender lo que significa vivir en una dictadura.

Ha sido muy duro, pero he vivido momentos inolvidables. Como el momento en el que, en pleno desierto entre El Aaiun y Smara, pudimos abrazar a H’mad Hmmad, Sidi Mohamed Dadach y Ahmed Esbai. Fueron sólo unos minutos, pero tuvimos tiempo para transmitirles nuestro apoyo en su lucha por la libertad. Conocer a personas tan valientes te hace sentirte muy poca cosa.

O como el momento en el que tuve el honor de conocer a Aminetu Haidar en Lanzarote. Aminetu impresiona. Es frágil y fuerte. Menuda y enorme. Su cuerpo se consume, día a día, envuelto en su melhfa. Su voz, débil tras diez días en huelga de hambre, resuena en tu cerebro. Su sonrisa triste te sobrecoge y te acompaña. Sus ojos te hablan de dignidad. Ves en ellos la fuerza de todo un pueblo para seguir en la lucha. Para denunciar la complicidad, cobarde e imperdonable, del gobierno español. Aminetu no es sólo una persona. Representa a todo su pueblo. A todos los saharauis que, en este preciso instante, ante la pasividad internacional y con la complicidad del gobierno español, están siendo vigilados, reprimidos, detenidos, torturados…

Aminetu está dispuesta a todo. No puede perder más. Ha sido expulsada de El Aaiun. Alejada de sus hijos. Retenida contra su voluntad. Su país está ocupado militarmente. Y el invasor pisotea sistemáticamente los derechos humanos más elementales.

La vida de Aminetu está en peligro. Si muere, los responsables de su muerte tendrán nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos. Los mismos que, mientras Marruecos machaca al pueblo saharaui, firman acuerdos comerciales con su verdugo.

Hoy hace veinte años que cayó el muro de Berlín. Todos los periódicos, todas las radios, todas las televisiones, seguirán abriendo hoy sus informativos recordando este aniversario. Y todos los periódicos, todas las radios, todas las televisiones, seguirán silenciando hoy que sigue en pie otro muro igual de vergonzante. Hoy nadie hablará del muro que Marruecos construyó en el Sahara tras el vergonzoso abandono del territorio por el agonizante régimen franquista. Hoy nadie recordará esos 2.700 kilómetros de piedra, de arena, de alambradas y de miles y miles de campos de minas. Hoy nadie recordará que Marruecos ocupa ilegalmente el territorio saharaui, en contra del Derecho internacional, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, en una flagrante violación de los derechos humanos más elementales. Hoy nadie recordará a nuestros hermanos y hermanas saharauis que sufren a diario en los territorios ocupados la represión, la tortura y la barbarie del gobierno marroquí.

Hace veinte años cayó un muro. ¿Qué están dispuestos a hacer los gobiernos que hoy celebran su caída para exigir que caiga también el muro de la vergüenza de Marruecos?

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la modificación de la Ley de extranjería. Como viene siendo su costumbre, el PSOE ha sacado adelante la reforma con el apoyo de la derecha: CiU, PNV y Coalición Canaria. Ahora irá al Senado, donde todo seguirá igual.

La Ley, con un sarcasmo insultante, se llama oficialmente sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Uno de esos derechos y libertades que PSOE, CiU, PNV y CC han tenido hoy a bien conceder a los extranjeros consiste en que puedan estar todavía más tiempo detenidos en eso que, en un alarde de eufemismo, no se llaman cárceles, sino centros de internamiento. Como el que PSOE y PAR están de acuerdo en poner en Zaragoza.

Hasta ahora, el tiempo máximo que un extranjero podía permanecer detenido en uno de esos centros era sólo de 40 días. Nada menos que 40 días privada una persona de libertad sin sentencia judicial ni resolución de expulsión. ¿Pero no decía la Constitución que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial ? ¿Y no decía también que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza su Título I? (entre ellas la limitación temporal de la detención preventiva).

Pero al PSOE y a sus amigos de la derechona les parecen pocos cuarenta días de privación de libertad. Total, son sólo inmigrantes. Así que hoy han ampliado el plazo a 60 días. ¡Viva la izquierda y los derechos humanos!

Por cierto, la reforma que se ha aprobado hoy ha tenido en cuenta que algunas Comunidades Autónomas han asumido en sus nuevos Estatutos la competencia para conceder a los extranjeros la autorización de trabajo. Así, el Estatuto de Cataluña dice que corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña (artículo 138.2). Y también lo dice el de Andalucía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía (artículo 62.1.b).

Dicen PSOE, PP, PAR e IU que el Estatuto de Autonomía que aprobaron para Aragón nos equipara al resto de Comunidades Autónomas, que tenemos todas y cada una de las competencias que podemos asumir. ¿Todas, todas? Pues no. Todas, no. Por ejemplo, ésta de la autorización de trabajo no la tenemos. Y hay más. O menos, según se vea.

Aquí tienes el Estatu…tico (es que no lo puedo evitar). Puedes entretenerte buscando esa competencia para la autorización de trabajo que otros tienen. Pero te aviso de que no la vas a encontrar.

Artículo publicado en El Periódico de Aragón

El Proyecto de Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo no regula directamente la edad necesaria para prestar el consentimiento para abortar, sino que, en su disposición final segunda, modifica el artículo 9 de la Ley de la autonomía del paciente de 2002, que regula el consentimiento informado de los pacientes en el ámbito de la salud. Ese artículo establece que, en el caso de menores con 16 años cumplidos, el consentimiento será prestado por la propia persona menor y no por su representante legal (padre, madre o tutor). Y el mismo precepto añade una previsión fundamental, que está siendo sistemáticamente ignorada en el falso debate generado en torno a la intervención de los progenitores para el aborto de sus hijas: “en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”. Sentado este régimen general para prestar el consentimiento en el ámbito de la salud, la misma Ley exceptúa en la actualidad tres supuestos, en los que el consentimiento no es prestado por la persona menor (aunque tenga 16 años cumplidos) sino por sus representantes legales: interrupción voluntaria del embarazo, ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida.

Lo que hace el Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo es, sencillamente, modificar la Ley de autonomía del paciente, a fin de que la prestación del consentimiento para el aborto se ajuste en el futuro al régimen general que la misma establece. De este modo, las menores con 16 años cumplidos prestarán personalmente su consentimiento para el aborto, pero, dado que en todos los casos se tratará actuaciones de grave riesgo (si no físico, sí psicológico) los progenitores siempre deberán ser informados y su opinión tenida en cuenta. Esta es la realidad. Es radicalmente falso que las menores vayan a poder abortar sin que lo sepan sus padres, es más, su opinión contará para tomar la decisión final. Pero parece que nadie se ha molestado en leer lo que de verdad dicen la Ley del aborto y la Ley de autonomía del paciente. Y el propio PSOE alimenta con su silencio, por pura estrategia electoral, este falso debate, intentando compensar su política abiertamente neoliberal en materia económica, tributaria o laboral con una regulación del aborto propia de la izquierda. El Gobierno de Zapatero prefiere azuzar los ladridos de la derecha en lugar de explicar a la ciudadanía lo que en realidad propone.

¿Y qué hace el PAR en esta ceremonia de la confusión? Crear más desconcierto. Ha presentado en las Cortes de Aragón una proposición de Ley para que el aborto de la menor de edad aragonesa requiera su consentimiento y la asistencia de uno de sus representantes legales. Con arreglo al artículo 24 de la Ley aragonesa de Derecho de la Persona de 2006, “la prestación de la asistencia requiere conocer el acto que el menor se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses”. De este modo, el PAR plantea lo mismo que ya se recoge en el Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados: será la propia menor la que decida sobre el aborto y sus padres deberán conocerlo (ser informados) y considerarlo conforme a sus intereses (tener en cuenta su opinión).

La propuesta del PAR sí que contiene una novedad en cuanto a la edad. El proyecto de Ley estatal fija en 16 años la edad para que las menores decidan sobre el aborto. El PAR rebaja esta edad a los 14 años, puesto que, en aplicación de la citada Ley de Derecho de la Persona, esa es la edad a partir de la cual los menores aragoneses prestan su consentimiento con la debida asistencia de uno de sus progenitores o el tutor. ¿Se estará volviendo el PAR de izquierdas? ¿Qué pensará Luisa Fernanda Rudi de este giro radical de sus futuribles socios?

Qué día más raro: Obama va a ser premio Nobel (qué carrerón lleva); en Aragón igual se respetan algún día los derechos lingüísticos (o no, quién sabe); una huelga indefinida dura tres horas; Sebastián “El Ausente” ya debe saber más o menos por dónde queda Figueruelas; los de ILD vuelven a Ontiñena a soltar algo de pasta (poquica) para ir ganando tiempo (el Gobierno, mudito, que GS ya no es cosa suya)…

Pero, como estoy prevacacional (¡tres días seguidos!), no me apetece hablar de cosas serias. Así que voy a hablar de una tontada: ¿sabíais que en 1582 no se celebró el día del Pilar? ¿Y sabéis por qué?

Pues porque en ese año el calendario juliano (usado desde el año 46 AC) fue sustituido por el gregoriano (llamado así por su promotor, el Papa Gregorio XIII). Nuestro calendario actual es muy parecido al que instauró Julio César. Pero éste tenía un grave error. Consideraba que la Tierra tardaba en dar una vuelta alrededor del Sol 365,25 días y, para ir compensándolo, insertó un año bisiesto cada cuatro. Pero, en realidad, el tiempo que tarda la Tierra en dar esa vuelta es 365 días, 5 horas y 49 minutos. Sólo 11 minutos de diferencia, pero, a lo largo de los siglos, habían supuesto un error acumulado de aproximadamente 10 días.

El calendario gregoriano solucionó el error haciendo bisiestos los años cuyas dos últimas cifras son divisibles por 4, exceptuando los múltiplos de 100 y exceptuando de esta excepción los que sean divisibles por 400. ¿Qué se consigue con todo esto? Que el desfase sea sólo de un día cada 3.300 años (o sea, que a nosotros igual ni nos afecta).

Pero claro, si sobraban 10 días, había que quitarlos. ¿Y cómo se hizo? Muy fácil: se pasó directamente del jueves 4 de octubre de 1582 al viernes 15 de octubre. Así que ese año no hubo 12 de octubre, y, por tanto, no hubo Pilares, ni problemas con interpeñas, ni actuó Marianico el Corto, ni mataron toros…

Por algo muy parecido, la revolución rusa de octubre de 1917 ocurrió en el resto de Europa en noviembre. Pero eso es otra historia.

Hoy el Pleno de las Cortes de Aragón ha tomado en consideración la Proposición de Ley de Lenguas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (el blog del Grupo Parlamentario CHA explica lo que ha pasado). O sea, que las Cortes hacen suya la iniciativa y, ahora, empezará su tramitación parlamentaria: se abrirá el plazo de enmiendas, las presentadas se debatirán en Ponencia y, después, en Comisión y, finalmente, el texto resultante se debatirá y votará en el Pleno. Es importante entender que no habrá una votación conjunta sobre la totalidad del texto –no se votará sí o no a la ley-, sino que se votarán, uno a uno, sus artículos y las enmiendas no admitidas previamente en Ponencia o Comisión.

Tiempo habrá para hablar sobre el contenido de la proposición de Ley y sobre los éxitos o sobresaltos de su tramitación parlamentaria. Hoy me voy a limitar a intentar desmontar un par de tópicos, que seguiremos oyendo los próximos meses.

- “No es posible que la Ley de Lenguas declare la cooficialidad porque el Estatuto no dice nada al respecto”

No es cierto. Ya hay un precedente: el aranés, o, mejor dicho, la lengua occitana denominada aranés en Arán. El nuevo Estatuto catalán de 2006 lo declara oficial en Cataluña, pero el Estatuto de 1979 se limitaba a afirmar que el habla aranesa será objeto de enseñanza y protección; no se establecía la cooficialidad. Sin embargo, la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el Régimen Especial del Valle de Arán, estableció que el aranés es oficial en el Valle de Arán. El Tribunal Constitucional (único competente para ello) no ha declarado la inconstitucionalidad de esa declaración legal de cooficialidad sin mención previa en el Estatuto. Entonces, ¿por qué no puede hacer lo mismo una Ley aragonesa con relación al aragonés y el catalán?

- “El Institut d’Estudis Catalans no puede ser la autoridad lingüística para el catalán hablado en Aragón”

¿Por qué? Su sección filológica ejerce las competencias normativizadoras no sólo en Cataluña, sino también en las Islas Baleares. Y, fuera del Estado español, en el Principado de Andorra o en el Departamento francés de los Pirineos Orientales. Hay que recordar que el IEC fue creado en 1907 por la Diputación Provincial de Barcelona pero, mediante Real decreto 3118/1976 (sí, sí: 1976), el Estado español otorgó reconocimiento oficial al Institut d’Estudis Catalans como corporación académica, científica y cultural [...] cuyo ámbito de actuación se extenderá a las tierras de lengua y cultura catalanas, y aprobó sus Estatutos.

Sobre el chapurreau ya hablé una vez. Me niego a volver a hacerlo, que no tiene que ser nada bueno para la salud mental.

Me copio de Chorche y os pongo una adivinanza para el fin de semana:

 ¿Qué es esto y por qué lo pongo aquí?

Hoy el Fondo Monetario Internacional ha presentado en Estambul (entre grandes protestas, incluido el clásico zapatazo) su informe Perspectivas de la Economía Mundial. El FMI afirma que la economía mundial ya ha pasado el punto de inflexión y ha vuelto a crecer. La recuperación ha comenzado.

 ¿En todos los sitios? No: España será uno de los pocos Estados que seguirá en recesión en el 2010, y la crisis será lenta y dolorosa. El PIB español caerá el 3,8% este año y el 0,7% el año próximo. Según el FMI, los números positivos no llegarán hasta el 2011, con un débil crecimiento del 0,8%. Y, lógicamente, esto provocará más pérdidas de puestos de trabajo. El FMI vaticina que el desempleo alcanzará el 18,2% de la población activa este año y superará el 20% el 2010, llegando hasta el 20,2%. Sólo alcanzará un crecimiento del 2% en el 2014. El principal factor de todo este desastre es el desplome inmobiliario; y, según el FMI, la caída aún no ha tocado fondo.

 Pero tranquilos, amigos y amigas: otro gran estadista, Marcelino Iglesias, acaba de afirmar dos veces en dos semanas (supongo que tras sesudos análisis económicos) que para nosotros lo peor de la crisis ya ha pasado y que Aragón empezará a superar la crisis en 2010.

 Confirmado: Aragón no es España.

Hoy debería hablar de la nueva bajada de las inversiones del Estado en Aragón para el próximo ejercicio (el año 2009 ya bajó el 11,46% respecto del 2008 y, para el 2010, bajará un 11,42% con relación al 2009: en dos años pasa de 1.229,98 millones de euros a 964,56). O de la corrupción: hoy se debate la proposición no de Ley presentada por CHA en las Cortes para que el Gobierno de Iglesias pida al de Zapatero que disuelva el Ayuntamiento de La Muela. O de la subida de impuestos (y aún se atreven los de Zapatero a ir de Robin Hood). O de la Opel. Pero voy a hablar de otra cosa, porque me hierve la sangre con el tema.

El Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, está de viaje oficial en Marruecos. ¿Por qué un dirigente de una democracia visita una dictadura? ¿Cómo es posible que el Presidente de la Junta visite un país que ocupa ilegal y militarmente el Sahara, único territorio africano pendiente de descolonización? ¿Cómo puede ir a un país que no respeta los derechos humanos, que impone a nuestros hermanos saharauis un régimen de represión y torturas inaceptable? No lo entenderé en la vida. Sí, ya me sé los motivos: la pesca, las inversiones, que los dos reyes son como hermanos… Pero no me sirven. Me repugna.

Griñán no sólo ha ido a Marruecos. Lo más grave es que ha defendido allí la autonomía bajo soberanía marroquí para el Sahara. Es intolerable. El Sahara nunca ha sido marroquí. El Estado español no puede seguir sin asumir su responsabilidad con relación a su antigua colonia por intereses puramente económicos. Y este tipo de declaraciones deja bien a las claras lo que, de verdad, piensa el PSOE sobre el tema.

Para el Sahara sólo hay una solución, la que exige la legislación internacional: un referéndum en el que el pueblo saharui decida libremente su futuro.

Artículo publicado en Heraldo de Aragón

El Presidente de las Cortes, Francisco Pina, ha impedido a CHA ejercer su derecho a formular al Presidente Iglesias una pregunta para respuesta oral en el Pleno de mañana. Es una decisión sin precedentes. Un hecho gravísimo, porque está vetando a un grupo de la oposición su principal instrumento para cumplir su función esencial en una democracia: controlar la acción del gobierno. Iglesias está obligado a responder en persona sólo a estas preguntas una vez al mes; en los demás casos puede delegar -y siempre lo hace- en un miembro de su ejecutivo.

Pina ha justificado su arbitraria decisión en que la pregunta contiene juicios de valor. Ésta es la pregunta: ¿Qué les impide a Vds. rechazar “la utilización de los cargos públicos en beneficio propio y la disposición fraudulenta de los recursos públicos” y condenar “todas las prácticas de corrupción política, como los presuntos casos de La Muela o ASAEL”? ¿Dónde están los juicios de valor? En realidad, el único motivo que ha llevado a Pina a censurarla es proteger a Iglesias y a su Gobierno de coalición, que evitan una y otra vez hablar sobre corrupción. La sensación que trasladan a la ciudadanía con esta actitud es que tienen algo que ocultar. ¿Por qué Iglesias no da la cara? ¿Por qué accede Pina a utilizar las Cortes en la estrategia de silencio del Presidente Iglesias? Ya se lo preguntó la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, en el reciente debate sobre política general: ¿qué les ata? No obtuvo respuesta entonces y, por lo visto, no quiere ni volver a oír hablar de ello.

Iglesias se escuda en que hay que dejar a los jueces hacer su trabajo. Por supuesto. Lo que le exigimos desde CHA, haciéndonos eco del clamor popular, es que condene expresamente y sin reservas la corrupción política y que la combata decididamente con acciones políticas. Sin embargo, en el pleno de política general tanto PSOE como PAR se negaron a condenar la corrupción, votando en contra de una propuesta de resolución de CHA, precisamente la que se reproduce literalmente y entre comillas en la pregunta no admitida.

Es tan preocupante que los partidos que nos gobiernan no condenen la corrupción que, lógicamente, decidimos preguntar al Presidente Iglesias si hay algo que les impide hacerlo. No permitir a CHA que formule esta pregunta no sólo afecta a este partido, sino que, sobre todo,  perjudica a la ciudadanía aragonesa. Se está vulnerando su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, una de cuyas manifestaciones es, en palabras del Tribunal Constitucional, el derecho a “tener conocimiento de lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia”.

Y si el Gobierno de Aragón rechazara de verdad la corrupción, lo lógico sería que hiciera, además, todo lo que estuviera en su mano para terminar con ella. En el caso de La Muela tiene una posibilidad: solicitar al Gobierno central que, como hizo con Marbella, acuerde la disolución del Ayuntamiento. El silencio y la pasividad de Iglesias son inadmisibles. Y la censura en un parlamento democrático, también.